Article publicat a Linkedin el 26 d’octubre de 2026.
El pasado jueves 22 de octubre, tuve la oportunidad de participar como ponente en una de las sesiones del XVIII Congreso Lares, invitado por Dignara y Grupo Social Lares.
Moderados por Montserrat Falguera y a partir del título del debate ¿Hacia dónde vamos en el sector de la economía social de los cuidados?, reflexionamos junto a Rosa Bonachela Pallares y Tomàs Llompart sobre los principales retos de la economia social de los servicios de atención a las personas. Os dejo las principales ideas que desarrollé durante mis intervenciones.
Administraciones públicas y economia social.
- La administración proclama que quiere cuidados centrados en la persona, arraigo comunitario e innovación social, pero sigue comprando demasiadas veces con criterios pensados para adquirir suministros y no para construir bienestar.
- No creo que podamos afirmar que la administración penaliza deliberadamente a la economía social. De hecho, durante los últimos años hemos visto avances importantes. Existe una mayor sensibilidad hacia las cláusulas sociales, hacia la contratación responsable y hacia la necesidad de incorporar criterios de impacto.
- Sin embargo, persiste una contradicción de fondo. Cuando analizamos qué se valora realmente en muchas licitaciones, observamos que continúan teniendo un peso determinante variables como el precio, la capacidad financiera o determinadas economías de escala. En cambio, aspectos como el arraigo territorial, la participación comunitaria, la estabilidad de los equipos profesionales o la capacidad de generar capital social siguen ocupando un lugar secundario. Y esto es especialmente relevante en el ámbito de los cuidados. Porque cuidar no es producir tornillos ni gestionar aparcamientos. Cuidar implica construir relaciones, confianza, vínculos y proyectos de vida.
- Las entidades de economía social llevamos décadas demostrando que somos capaces de combinar eficiencia y compromiso social. No aportamos únicamente servicios. Aportamos cohesión comunitaria, participación democrática, corresponsabilidad y retorno social.
- Creo que la pregunta no debería ser si hay que favorecer a la economía social. La verdadera pregunta es qué es exactamente lo que la administración quiere comprar. Si quiere comprar horas de atención, probablemente el precio será el factor dominante. Pero si quiere comprar calidad de vida, autonomía personal, entornos comunitarios inclusivos y bienestar, entonces necesita otros indicadores.
- Necesitamos avanzar hacia sistemas de contratación que evalúen resultados sociales. Que midan la satisfacción de las personas atendidas, la estabilidad de los equipos profesionales, la generación de redes comunitarias, la reducción de la soledad no deseada o la capacidad de innovación social.
- Y hay un elemento adicional que me parece fundamental. El envejecimiento de la población va a obligarnos a ampliar de forma muy significativa los sistemas de cuidado. La pregunta es si queremos hacerlo construyendo un auténtico ecosistema comunitario o limitándonos a ampliar un mercado de servicios.
- Desde mi punto de vista, la contratación pública y la concertación pueden ser herramientas decisivas para orientar esa transición.
- En definitiva, no necesitamos licitaciones que protejan a la economía social. Necesitamos licitaciones que valoren aquello que realmente crea valor público y bienestar colectivo.
¿Hacia un Pacto Nacional por la Dependencia?
- El código postal no debería determinar la calidad de los cuidados que recibe una persona.
- El Estado ha construido un modelo descentralizado que tiene ventajas evidentes. Gracias a la autonomía de las comunidades autónomas hemos podido experimentar modelos diversos, impulsar innovaciones organizativas y adaptar muchas respuestas a las características de cada territorio. Eso ha generado experiencias extraordinariamente interesantes. Pero también ha provocado diferencias importantes entre territorios. Diferencias en financiación, en prestaciones, en tiempos de espera, en ratios profesionales, en intensidad de apoyos y en capacidad para innovar. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, las desigualdades territoriales deberían preocuparnos.
- El envejecimiento no es un problema de una comunidad autónoma. Tampoco lo es la discapacidad, la dependencia o la soledad no deseada. Estamos ante una transformación demográfica que afecta al conjunto del país. En las próximas décadas no habrá ningún debate más importante que cómo organizamos socialmente los cuidados.
- Quizás si que que necesitamos un auténtico Pacto de Estado por los Cuidados y la Dependencia. Un gran acuerdo al que podemos llamar como mejor corresponda.
- Pero no me refiero únicamente a un acuerdo sobre financiación, aunque también es imprescindible. Hablo de un gran acuerdo político, social e institucional capaz de fijar una hoja de ruta estable para los próximos veinte años.
- Un pacto que defina qué derechos deben quedar garantizados para toda la ciudadanía independientemente del territorio donde viva. Que establezca compromisos presupuestarios sostenidos en el tiempo. Que impulse la profesionalización del sector. Que promueva modelos comunitarios y preventivos en lugar de limitarse a intervenir cuando aparecen situaciones de dependencia severa. Y que permita superar la dinámica de reformas parciales vinculadas a los ciclos electorales.
- La sociedad española hizo en su momento grandes acuerdos en torno a las pensiones, la educación o la sanidad. Creo sinceramente que ha llegado el momento de hacer lo mismo con los cuidados.
- La dependencia ya no es un asunto sectorial. Es una cuestión central para la cohesión social y para la sostenibilidad futura de nuestro Estado del bienestar.»
Economia social, tercer sector i empresas mercantiles.
- El problema no es que existan empresas mercantiles. El problema aparece cuando la lógica financiera acaba sustituyendo a la lógica del cuidado.
- A veces se plantea este debate como una confrontación entre buenos y malos, y creo que sería un error. Necesitamos actores diversos. Necesitamos administraciones públicas fuertes, economía social, tercer sector, empresas privadas responsables y ciudadanía comprometida. El verdadero debate es qué valores orientan el sistema.
- Porque cuando hablamos de cuidados no estamos hablando únicamente de una actividad económica. Estamos hablando de derechos, dignidad, autonomía personal y cohesión social.
- Si la economía social y el tercer sector pierden capacidad de influencia, corremos varios riesgos.
- El primero es que la rentabilidad económica se convierta progresivamente en el principal criterio de decisión.
- El segundo es una creciente concentración empresarial. Ya estamos viendo procesos en los cuales fondos de inversión y grandes grupos corporativos adquieren posiciones relevantes en distintos ámbitos del bienestar. Eso puede aportar capacidad financiera, pero también puede reducir diversidad, innovación social y vinculación con los territorios.
- El tercer riesgo es cultural. Las personas pueden dejar de ser consideradas ciudadanos titulares de derechos para convertirse en consumidores de servicios. Y hay una diferencia enorme entre ambas perspectivas.
- El cuarto riesgo afecta a quienes cuidan. La presión competitiva basada exclusivamente en costes suele terminar trasladándose a salarios, ratios y condiciones laborales. Y sabemos perfectamente que la calidad del cuidado está directamente vinculada a la calidad del empleo.
- Finalmente, existe un riesgo democrático. Las entidades de economía social no solo prestan servicios. También generan participación, construyen comunidad y fortalecen el tejido social.
- Por eso no me preocupa únicamente quién presta los servicios. Me preocupa qué modelo de sociedad estamos construyendo. Mi convicción es que necesitamos un ecosistema plural, pero orientado por valores de solidaridad, participación, proximidad y compromiso comunitario.
- Una sociedad se juega mucho cuando convierte el cuidado en un mercado más.
Reflexiones finales.
- Necesitamos dejar de considerar la dependencia como una política sectorial y empezar a entenderla como una infraestructura básica de ciudadanía.
- El gran debate ya no es cómo gestionamos la dependencia. El gran debate es qué sociedad queremos ser cuando todos necesitemos cuidar o ser cuidados.
- Durante décadas hemos considerado que la educación generaba ciudadanía, que la sanidad protegía la salud y que las pensiones garantizaban seguridad económica. El gran reto del siglo XXI es reconocer que los cuidados sostienen la dignidad humana. Y todo Estado del bienestar que quiera ser sostenible deberá asumirlos como su cuarto pilar.
- Como economia social no podemos renunciar a ejecer lobby. Un lobby social transparente, honesto y con el bien común como interés a defender.